Periodismo de Opinión
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El avance formalizado mediante decreto presidencial sobre lo que sonaba como una liquidación privatizadora, de las represas hidroeléctricas en un plazo de 6 meses y por el cual los gobernadores del Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, solicitaron su inclusión a la hora de definir las condiciones de esas operaciones, tuvo un cambio propio del inexperto gobierno nacional. La decisión apuntaba a las instalaciones del Chocón, Cerros Colorados, Piedra del Águila y Alicurá, para lo cual se convocaría a empresarios interesados a "concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante”. Esa era la letra del decreto “N° 718/2024 que ordenaba la venta de cuatro hidroeléctricas claves y que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial”; que había encendido otra llama sumando diversidad de críticas al intento liquidador de bienes estatales, ratificado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el Ministro Hacienda, Luis Caputo. El nuevo decreto mencionará un llamado para concesionar nuevamente la explotación de las represas referidas evitando un proceso que de un modo u otro, a partir de la postura de los mandatarios provinciales y los antecedentes contractuales de los años 90, podría ingresar en el ámbito judicial si es que se afectaban los derechos provinciales, únicos propietarios del recurso natural. El trascendido de la marcha atrás hacía sospechar que la continuidad del Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, tenía poca vida pero por el momento, se argumentó que no cuentan con un reemplazante cuyas condiciones técnicas, sean similares a las del actual funcionario. Casi un imprescindible que cometió un error gravísimo y abusivo de un poder no concedido por las provincias. A pesar del papelón político institucional desde dicha cartera alegan que “No hay ningún error. No es una privatización de las represas, porque son recursos que pertenecen al Estado, por eso no se venden y se concesionan. La venta es de la sociedad concesionaria, mientras que las represas siguen siendo del Estado. Cuando termina el plazo de las concesiones vuelve al Estado Nacional. Ahora se busca hacer lo mismo". Una operación que se supone daba lugar a la participación del Congreso que, de ser así sin aplicar los erróneos plenos poderes otorgados, y la vigencia del curiosamente olvidado Decreto 70; recibiría un rechazo notorio por lo que significa liquidar tremendos bienes estatales, con el agregado de su característica generadora de energía hidroeléctrica. Nada se dice sobre la opinión ampliada de los firmantes del decreto que se supone será derogado, ni tampoco del permanentemente sospechado de estas acciones dañinas para el Estado, Federico Sturzenegger. 180824 |
